La Justicia es el segundo valor superior del ordenamiento jurídico en la Constitución
| 23 Noviembre, 2018
La justicia es nombrada en la Constitución como el segundo valor superior del ordenamiento jurídico (solo por detrás de la libertad) del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España.
Sin embargo, a punto de cumplirse 40 años de la entrada en vigor de nuestra Carta Magna, este artículo primero que encierra una Norma Fundamental del Estado al dibujar, nada más y nada menos, que la arquitectura constitucional de nuestro País, está perdiendo valor.
Se deprecia al tiempo que se desprecia a la justicia por las continúas e indisimuladas injerencias de la clase política y por la falta de interés en acometer una profunda reforma que la sitúe en el siglo en el que vive no en el que fue concebida.
La justicia está perdiendo su espacio independiente y lo está perdiendo, en gran medida, por la incapacidad política de alcanzar un consenso, un pacto de Estado que vuelva a poner en alza al segundo valor superior proclamado en nuestra Suprema Norma del ordenamiento jurídico.
Ignorar la situación actual en la que la mayor parte de las carreras judicial y fiscal han ejercido el derecho a la huelga -en apenas seis meses y a dos gobiernos distintos- es usar la venda de la Dama de la justicia para no querer mirar la realidad.
Sustraerse del contexto es eludir la responsabilidad.
Ha llegado la hora de que las distintas formaciones políticas salgan del bucle de la promesa incumplida.
El interés por la justicia se mide en el reflejo real que arroje la aritmética, en la partida de gasto público que el Estado destine a justicia.
Este es el verdadero interés (más allá de la ilusión de una promesa) por el que se puede y debe ponderar qué importancia tiene para un gobierno uno de los tres pilares básicos de nuestro Estado de Derecho.
Lo demás, son espejismos de palabras.
INTERÉS Y CONSENSO
Igualmente un examen de las distintas reformas legislativas constituye el indicador de cuál ha sido el grado de consenso entre las distintas formaciones políticas para dotar de instrumentos normativos eficaces con los que aplicar y resolver los miles de pleitos que ordinariamente se resuelven en España por los jueces y fiscales.
Desolador es el interés y nulo el consenso.
Entretanto nadie duda de que la independencia del Poder Judicial ( título VI de la Constitución) es el antídoto preciso para evitar la politización de la justicia. El reverso de la influencia es la autonomía. La salvaguarda a toda tentación política de influir es blindar con independencia y soberanía a la justicia.
Asimismo para que funcione mejor el servicio público de la justicia, es básico, dotarla de los medios necesarios para que su pesada maquinaria sea ágil y rápida en su respuesta.
No es autocomplacencia afirmar que tenemos los mejores jueces y fiscales de Europa, al contrario, da pena que siendo de los más preparados -tras el duro proceso selectivo que hay que superar- el número sea insuficiente para atender las altas responsabilidades encomendadas en cada uno de los cientos de procedimientos que durante un solo año engrosan las abultadas cargas de trabajo.
Concebir el órgano judicial como un espacio del que sacar el papel amontonado a costa de sacrificar la reflexión y el estudio de cada causa con su debido tiempo es eliminar de la ecuación y de la solución del problema precisamente lo que hace justa a la decisión que se adopte: su vocación de servicio público.
Lamentablemente suele ofrecerse esa desnortada imagen y, lo que es peor, esa concepción de lo que representa nuestro trabajo.
¿Cuántos gritos de huelga han de sumarse para que la voz llegue a todas las formaciones políticas?
ELEGANCIA DE LA DIGNIDAD
No puedo sustraerme del comunicado del Excmo. Sr. D. Manuel Marchena, tiene la elegancia de la dignidad.
Representa el clamor de un grito escrito con las voces de miles de jueces y fiscales.
Es el “basta ya” más digno que pueda imprimirse en una pancarta.
Es el portazo más respetable a una invitación politizada. El quítenme esas siglas de encima más honesto que se haya dibujado en cuatro puntos.
El comunicado ,además, tiene el mérito de dejar una enseñanza “no concebir el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”.
Señores Políticos se les exige que lleguen a un consenso y que dejen de concebir a la justicia como un instrumento al servicio de una opción política para controlar al poder judicial.
Curen a la justicia de esta gripe de politización y desidia.
Dispensen entre sus formaciones vacunas de independencia, dosis de no injerencia y repartan en sus programas electorales más atención al segundo valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.
Está en juego el equilibrio de nuestro Estado de Derecho.
